Categoría: Análisis FINVE / Opinión
Subtítulo: Durante más de dos décadas, el término “expropiación” fue una de las palabras más temidas por el empresariado venezolano. Hoy, tras el cambio de rumbo político, la conversación da un giro radical: cómo el Estado se desprende de activos improductivos para sanar sus cuentas. Esta es la lectura de Finve sobre por qué la Bolsa de Valores de Caracas es la única plataforma capaz de arbitrar este proceso con la transparencia necesaria.
Hay un error conceptual muy común cuando se analiza la historia económica reciente de Venezuela. Jurídicamente, la expropiación en sí misma no es un delito; es una facultad que tienen los Estados del mundo para tomar bienes privados por razones de utilidad pública. Sin embargo, existe una condición constitucional innegable: toda expropiación debe ir acompañada de un pago justo y oportuno (indemnización).
Cuando el Estado venezolano ejecutó la nacionalización de empresas emblemáticas, los resultados y el cumplimiento de esta garantía variaron sustancialmente. En el caso de CANTV (2007) y las multinacionales del cemento (como Lafarge, controladora de la Fábrica Nacional de Cementos, Holcim o Cemex), el gobierno negoció compras y desembolsó indemnizaciones millonarias con los grupos extranjeros: Verizon recibió 572 millones de dólares por su participación y Lafarge acordó la venta de su filial por 267 millones de dólares. Sin embargo, en otros casos emblemáticos como el de la Siderúrgica Venezolana (Sivensa) y su filial Sidetur, la compensación nunca se materializó, y la empresa sigue reportando en sus estados financieros no haber recibido pago alguno por sus activos.
Más allá de los casos que sí se pagaron y los que quedaron en el vacío de la confiscación de facto, el efecto acumulado sobre la economía fue devastador: la destrucción de la seguridad jurídica, el ahuyentamiento de la inversión extranjera y el inicio de una profunda retracción económica.
Hoy, la factura de esa política ha llegado, y no es barata.
El costo de sostener un Estado gigante
Mantener empresas inactivas o ineficientes bajo control estatal no es un proceso neutral. Los activos improductivos no se quedan en cero: generan pasivos constantes. Cuestan en nóminas de personal, en mantenimiento mínimo, en deterioro de infraestructura y en pérdidas de productividad para el país. En lugar de producir ingresos, estas empresas se convirtieron en un drenaje de recursos públicos que impide el crecimiento de toda la economía.
Frente a esta realidad, la instalación de la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos del Estado, dirigida por el representante del sector privado y expresidente de Conindustria, Luigi Pisella, es un paso técnico indispensable. Su objetivo principal es auditar el patrimonio público para entender el verdadero tamaño del Estado y determinar qué activos son estratégicos y cuáles deben ser liquidados, devueltos con compensación a sus antiguos dueños o transferidos al sector privado.
Sin embargo, el éxito de este plan no depende de la intención, sino del método. Si el proceso de privatización se realiza a puerta cerrada, mediante adjudicaciones directas o acuerdos de pasillo, la desconfianza destruirá el valor de los activos antes de que se venda la primera acción.
Aquí es donde la bolsa de Caracas se convierte en una herramienta sistémica.
La subasta bursátil como antídoto contra la opacidad
El mercado de valores ofrece un mecanismo que la burocracia estatal no puede replicar: la subasta pública y transparente. Al colocar los activos estatales improductivos en la bolsa bajo reglas claras de oferta pública, el Estado garantiza que:
- Cualquier inversionista calificado pueda participar: Reduciendo el riesgo de adjudicaciones a dedo.
- El precio sea determinado por el mercado: Maximizando el ingreso para el Estado a través de la libre competencia.
- Los activos lleguen a manos capaces: Asegurando que quien adquiera la empresa tenga el capital, el interés y la capacidad técnica real para ponerla a producir.
Un precedente impecable de este esquema fueron las subastas del espectro radioeléctrico para la tecnología 5G en Venezuela, coordinadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) utilizando la plataforma transaccional de la bolsa de Caracas. Ese proceso demostró que la bolsa puede canalizar negociaciones de alto impacto de manera transparente y democrática para definir la participación de operadoras como Movistar, Digitel y Movilnet.
Desmitificar la “Democratización” y el estigma social
Este proceso enfrenta un fuerte debate social. Existe un escepticismo extendido que asume que la privatización de activos públicos solo beneficiará a “enchufados” o élites con privilegios políticos. Es una preocupación comprensible dado el historial del país, pero exige un análisis económico realista.
Primero, el mercado de valores es, por definición, la vía más democrática para la asignación de capital debido a sus estrictos niveles de auditoría y supervisión pública a través de la SUNAVAL. Bajo este esquema, el favoritismo político es mucho más difícil de camuflar que en una licitación privada tradicional.
Segundo, debemos ser honestos sobre el significado de “democratizar el capital”. Sería demagogia afirmar que la privatización de una planta siderúrgica o una cementera en ruinas se va a realizar vendiendo acciones de a diez dólares a pequeños ahorristas bajo el colchón. La reconstrucción de activos de esa escala requiere inversionistas institucionales, consorcios privados y operadores industriales con la capacidad de inyectar cientos de millones de dólares.
El verdadero beneficio democrático para el ciudadano no está en comprar una fracción de una empresa destruida, sino en que esa empresa pase a manos de operadores privados capaces que reconstruyan el sistema eléctrico, mejoren el servicio de agua, optimicen las telecomunicaciones y generen empleo productivo real.
Cierre editorial
El capital necesario para reconstruir la infraestructura básica de Venezuela es gigantesco. El Estado no lo tiene. La vía para capturar ese financiamiento e inversión extranjera pasa, obligatoriamente, por la transparencia institucional.
El uso de la Bolsa de Valores de Caracas para subastar y liquidar activos estatales no es una simple privatización; es un mecanismo de saneamiento del balance general del Estado y de restitución de la confianza jurídica del país. Si el proceso se realiza bajo la luz pública del mercado bursátil, Venezuela no solo recuperará empresas productivas; recuperará algo mucho más valioso: las reglas de juego claras que hacen posible la inversión a largo plazo.
Nota editorial: Este contenido tiene fines informativos y educativos. No constituye una recomendación personalizada de inversión ni una oferta de compra o venta de valores. Cada inversionista debe evaluar su perfil de riesgo, revisar la información financiera disponible y consultar con asesores autorizados antes de tomar decisiones de inversión.