Una nueva tanda de licencias de la OFAC para Venezuela: Washington afloja la maquinaria, pero impone sus reglas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó el 10 de junio de 2026 siete licencias generales relacionadas con Venezuela: 46C, 47A, 48B, 50B, 51B, 52A y 54A. El paquete amplía o precisa actividades autorizadas en petróleo, gas, petroquímica, electricidad y minería, pero mantiene controles sobre la estructura de los proyectos, los contratos y los canales de pago.

La licencia 48B autoriza el suministro de determinados bienes y servicios para operaciones de petróleo, gas, petroquímica y electricidad, mientras restringe la formación de nuevas empresas conjuntas u otras entidades en Venezuela para las actividades cubiertas. La licencia 54A aplica una restricción equivalente al suministro destinado a operaciones minerales. Por su parte, la licencia 51B permite actividades comerciales con minerales de origen venezolano, incluido el oro, pero no autoriza bajo ese instrumento la exploración, extracción, producción ni la creación de nuevas empresas conjuntas para realizarlas.

Las licencias incorporan condiciones para los contratos con el Gobierno de Venezuela y entidades bloqueadas. Las cuestiones contractuales deben regirse por las leyes de un estado o jurisdicción de Estados Unidos, y los mecanismos de resolución de disputas deben ubicarse en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. La normativa venezolana continúa aplicando a permisos, concesiones, obligaciones laborales, ambientales y otros aspectos locales de la actividad.

También se mantiene el control sobre los flujos financieros. En las licencias aplicables, los pagos monetarios a personas bloqueadas deben dirigirse a los Foreign Government Deposit Funds establecidos por el Tesoro estadounidense, con excepciones para impuestos, permisos y tasas locales. La licencia 50B, además, actualiza el marco operativo para empresas específicas como BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell.

El nuevo paquete no representa un levantamiento general de las sanciones. Abre espacio para operaciones privadas dentro de sectores estratégicos, pero exige estructuras, mecanismos de pago y condiciones jurídicas definidas por OFAC.